El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desbloqueado la posibilidad de lanzar incentivos fiscales a los autónomos y a las pymes, imprescindibles para poner en marcha una Ley de Emprendedores que incida realmente en el empleo. El déficit público desbocado y la estricta senda de austeridad que imponen las autoridades comunitarias obligaron a retrasar en 2012 la ansiada reforma, pero los buenos datos de recaudación tributaria permitirán al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciar en breve los primeros estímulos a la actividad económica desde que llegó al poder. Según las fuentes próximas al Gobierno consultadas por este periódico, lo hará en el próximo Debate sobre el Estado de la Nación, que se celebrará el próximo 20 de febrero. 

La Ley de Emprendedores, que sigue en fase de estudio por varios ministerios, podría lanzar incentivos a la exportación e incluirá la creación de un mercado de financiación alternativo para las pymes como exige el Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con la UE del rescate a la banca. También se barajan atractivas bonificaciones en las cotizaciones y ventajas fiscales para los autónomos.

Pero la medida estrella, que está ya casi cerrada, será que las pymes y los autónomos con hasta cinco empleados no tendrán que pagar el IVA a la Agencia Tributaria hasta que cobren las facturas de las administraciones públicas. Es sólo el primer paso de la reforma integral que se quiere poner en marcha en esta legislatura. De hecho, la intención de Montoro es que ninguna pyme tenga que pagar el IVA hasta que no cobre la facturas, algo que durante la crisis ha provocado el cierre de cientos de empresas.

Otro de los incentivos fiscales que se podrían desbloquear son los que propuso el ministro de Economía, Luis de Guindos, para apoyar la exportación, y que han estado vetados hasta ahora por el sacrosanto límite del déficit. Por ejemplo, Comercio ha propuesto una deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades para compensar los costes (como abrir una sucursal o una filial en otro país) que deben afrontar las pymes que se internacionalicen. También se estudian pasos para dinamizar la contratación (que aquellas empresas que contraten personal para su salto al exterior puedan obtener bonificaciones).

El Ejecutivo también está estudiando la bonificación de toda la cotización de la Seguridad Social del propio autónomo y pequeño empresario. Es decir, que sean los Servicios Públicos de Empleo los que sustituyan al empleador en las aportaciones al sistema de protección social. No obstante, este es uno de los puntos más difíciles en la negociación que el Gobierno está manteniendo con las organizaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos. El Ejecutivo ofrece seis meses de subvenciones en las cotizaciones, mientras que los autónomos están pidiendo el primer año de actividad, como mínimo. El Gobierno ya está subvencionando las cotizaciones sociales del primer trabajador joven, hasta 30 años, o hasta 35 años, si es mujer.

La nueva propuesta podría formar parte, además, de la nueva Estrategia de Empleo que el Ejecutivo está discutiendo con la patronal y los sindicatos. El contrato para los emprendedores de la última reforma laboral no está teniendo los efectos deseados. "Los pequeños empresarios no pueden comprometerse ahora a tener al trabajador durante tres años, y el nivel de la plantilla, durante un año, para no tener que devolver las ayudas fiscales y de Seguridad Social a la Administración", sostienen fuentes de la patronal CEOE a este diario. Un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral, las empresas sólo han hecho 80.000 contratos de esta modalidad, según datos del Ministerio de Empleo. Con respecto a los trabajadores autónomos, el Gobierno también está barajando la concesión de aplazamientos a los emprendedores para el pago de las deudas por cotizaciones sociales con la Seguridad Social, hasta un periodo máximo de hasta cinco años. Hasta ahora el límite era de cuatro años.

Fuente: expansion.com